El Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Inclusión de Personas con Discapacidad, informó que en diez meses se registraron y certificación 15 mil nuevas personas con discapacidad y se crearon 10 juntas evaluadoras más de sujetos en esta condición, ascendiendo de este modo las mismas a 30 en todo el territorio provincial.

También recordó que hasta diciembre del 2007 se habían expedido sólo 25 mil certificados de discapacidad, pero la nueva política implementada para la la entrega de los mismos permitió que desde entonces y hasta noviembre de 2008 se emitieran 40 mil.

De este modo la provincia se convierte en la primera del país en cantidad de certificados entregados y en la que más juntas evaluadoras posee.

La subsecretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad, psicóloga Silvia Tróccoli, expuso las razones de este logro en la certificación. “El proceso de eficientización y descentralización de las juntas evaluadores, la creación de otras nuevas, la constitución de un dispositivo territorial ambulatorio de evaluación, y la profunda renovación del compromiso de trabajo con los profesionales que integran estas juntas, se tradujo en una dinamización de la entrega de turnos. Esto se logró sobre la base de un consenso con los actores involucrados mediante el diálogo. Entendemos a la salud como la posibilidad de construir una mejor calidad de vida y como un derecho a garantizar”, enfatizó Tróccoli.

Tróccoli explicó también la importancia del certificado. “Este documento permite a los usuarios del sistema de salud público y privado acceder a todos las prestaciones que por derecho les corresponden. Garantiza además la cobertura integral de las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación como las preventivas durante el embarazo; el tratamiento médico especializado; la cobertura de estimulación temprana; el equipamiento técnico (elementos ortopédicos, prótesis. ortesis, valvas, bastones canadienses, muletas, sillas de ruedas, audífonos, etc.). También, la rehabilitación integral e interdisciplinaria (tratamiento psicológico; psiquiátrico; motor; etc.), y el abordaje psicológico para familiares de la persona con discapacidad”, enumeró la funcionaria.

Este documento, de validez nacional, asegura también el suministro regular de medicamentos relacionados con la discapacidad que presenta el sujeto; la alimentación especial también vinculada a la patología que presente; la atención odontológica; el acceso a una educación adecuada (especial, común; formación laboral; talleres protegidos; centros de día; centros educativos terapéuticos; etc); la cobertura de sistemas alternativos al grupo familiar (hogares; residencias; etc., para personas con discapacidad sin grupo familiar continente); el ingreso a programas laborales; el traslado especial en los casos en que la persona esté imposibilitada de utilizar el transporte público.

También, facilita la gestión del pase libre en Transporte Público de Pasajeros; la obtención del símbolo internacional de acceso para el automóvil (logo) y la exención de la patente, y el derecho de libre tránsito y estacionamiento. Además, permite el beneficio de un régimen especial de de Asignaciones Familiares en el ANSES; franquicias para la compra de automotores; la explotación de pequeños comercios y las exenciones de ciertos impuestos.

Santa Fe propuso ampliar el plazo de validez de esta certificación

El certificado que otorga la provincia es de valor nacional y tiene una vigencia máxima de 4 años, pero Santa Fe ha impulsado ante el Consejo Federal de Discapacidad e que el mismo tenga una validez de diez para patologías crónicas e irreversibles. La propuesta –apoyada por el resto de las provincias– ha sido aprobada en el marco de la última asamblea de este órgano que tuvo lugar el 27 de noviembre en Rosario, y fue elevada al Ejecutivo Nacional.

“Esta amplicación de la vigencia del certificado permitirá que las personas con discapacidades instaladas para siempre no tengan que someterse a una gestión que les implica tiempo y esfuerzo innecesarios”, concluyó Tróccoli.

Descentralización

Por su parte, el director provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad de la primera circunscripción, doctor Oscar Schroeder, agregó que los avances en la certificación y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad fue también el resultado del trabajo territorial y de descentralización en los Nodos regionales en comunas y municipios, en donde se cuenta con referentes del área que brindan información esencial dirigida fundamentalmente a las personas de escasos recursos, quienes son los que más la necesitan.

A su vez, destacó la creación de una nueva junta catergorizadora en el sur provincial que tiene como función evaluar las instituciones (ONG OG o centros de rehabilitación públicos o privados) con la finalidad de detectar si las mismas reúnen las condiciones edilicias, de recursos humanos e institucionales para garantizar la calidad de las prestaciones de salud. Así, una vez observado que las mismas cuentan con condiciones físico-funcionales e institucionales funcionales se las categoriza y de este modo pueden ingresar al sistema único de prestaciones facturando a las obras sociales nacionales. En ese sentido, hasta el momento, se han categorizado aproximadamente 110 instituciones propiciando la generación de nuevos espacios para la contención, tratamiento y acompañamiento terapéutico de las personas con discapacidad y su grupo familiar.